No pido perdón, no beso la cruz, no digo que soy inocente ni culpable, ya que esos términos me resultan extraños. Estoy en Chile, desafiándolos día a día y feliz de que mi libertad les provoque ira.
A propósito de la seguidilla de allanamientos a la casa de mi madre producto de mi situación judicial, quisiera denunciar lo siguiente:
1. Que el pasado Sábado 23 de Marzo, la casa de mi madre fue allanada con extrema violencia por funcionarios de la PDI, lo que incluyó malos tratos y vejaciones hacia mi familia de parte de los policías, que son muy valientes con mujeres solas y escudándose tras sus pistolas, porque sin ellas no son nada. Este hecho fue acallado por la mayoría de la prensa, sólo saliendo a la luz hoy, y se suma a los ya varios allanamientos que ha sufrido mi familia y amigos desde el 7 de Diciembre pasado en que tomé mi derecho a rebelión y no me presenté ante la revocación del arresto domiciliario ante una situación de prisión preventiva ilegal puesto que el juicio estaba suspendido en ese momento por un requerimiento en el Tribunal Constitucional por parte del Ministerio del interior.
2. El día de hoy, Lunes 25 de Marzo el Fiscal Raúl Guzmán continuó con la escalada de venganza contra mi familia y comandó el allanamiento, una vez más, a la casa de mi madre esta vez con Carabineros de Chile, lo que incluyó un despliegue de medios de prensa donde algunos de ellos, como EMOL, publicaron la dirección de mi madre en un hecho que, ciertamente ya no sorprende, pero que no deja de llamar la atención por las implicancias éticas de dicha acción y las eventuales consecuencias para la integridad física y psicológica de mi familia que, como es evidente, nada tiene que ver con la situación legal que me afecta.
3. Que una vez más denuncio las mentiras de los funcionarios de la PDI en sus declaraciones tomadas y arregladas por el mismísimo Fiscal Guzmán. En ese sentido, es mentira que ellos fueron testigos presenciales de los hechos, es mentira que estaban ahí, que me vieron salir del lugar de la explosión; es mentira que boté una capucha (de hecho en la investigación no aparece ninguna), es mentira que un polerón encontrado sea mío (de hecho no tiene mi ADN). Denunció que los peritajes de los organismos seudo técnicos de Carabineros (Labocar y Gope) están hechos a la medida de los querellantes, uno de los cuales es el Ministerio del Interior que a su vez es quien está administrativamente a cargo de Carabineros (¿alguien puede creer en una dosis de objetividad de sus informes y peritajes?). Denuncio que los peritajes que me vinculan a otros atentados y a la fabricación de esos artefactos explosivos desafían la lógica más elemental y que eso jamás ha sido puesto en cuestión por los ministros de la Corte de Apelaciones, cuya última actuación la perpetraron cuando tras un debate de cinco minutos incluyeron todas las pruebas del Ministerio Público. Denuncio que el Fiscal Guzmán ha llevado una investigación parcial, no investigando los antecedentes exculpatorios a los que le obliga la ley, sino dejándolos fuera como aquel peritaje que georreferencia la ubicación de mi celular y que me sitúan a las horas de sucedidos los atentados en lugares muy lejos de las explosiones. El hecho más grosero de esta cadena de irregularidades en esta investigación parcial es la omisión del hecho que yo me encontraba en mi lugar de trabajo el día y a la hora del atentado a la Automotora One. Esto podría haber sido fácilmente comprobable investigando las cámaras del Metro en que todos los días me trasladaba a mi trabajo, y además está en los informes de mis compañeros de trabajo en la misma carpeta de investigación. Pero no, el Ministerio Público se abanderizó en mi contra y sólo investigó la línea inculpatoria, sentándose en lo que dice la propia ley que debería ser el primero en respetar. La falta de seriedad también llegó a sus puntos altos cuando en la preparación de juicio oral se pudo conocer que, a más de un año de sucedidos los hechos, ni las policías ni la fiscalía se preocuparon jamás por obtener las imágenes de las cámaras de seguridad, nada menos que de la Embajada de Estados Unidos y que grabó los hechos. Es decir, aquí no hay una preocupación por la verdad, sino sólo por lograr una primera condena por Ley Antiterrorista, y que la cabeza de turco para ello soy yo.
4. Que no es mi vocación la victimización, no señalo que haya un montaje ni nada por el estilo, ni pido trato preferencial del Estado y sus leyes. Digo que la acusación está basada en mentiras y en conjeturas y esto podría ser verificable por cualquier observador objetivo.
5. Denuncio por último, la innegable presión política sobre jueces y la utilización de mi caso por parte del Gobierno y la ultraderecha para el despliegue de su agenda de seguridad ciudadana y la reconfiguración del instrumental estatal para adecuarse a las nuevas condiciones del conflicto social, es por ello que resulta tan fundamental lograr una condena por Ley Antiterrorista. Que la intervención política ha quedado en evidencia por los juicios a priori que han dado el ministro Andrés Chadwick, el fascista y representante de la ultraderecha, diputado Cristián Letelier y hasta el mismo presidente de la república que ocupó un recurso especial ante los jueces y que inaugurando el Banco Unificado de datos, dio por seguro, ante fiscales y policías, que yo había salido del país.
Ante todos estos hechos, me veo en la obligación de decir lo siguiente:
· Que la escalada de allanamientos corresponde a una operación de venganza contra mi familia llevada a cabo por la Fiscalía Metropolitana Sur y las policías.
· Que dicha venganza tuvo su punto más alto el día Sábado 23 recién pasado en que mi familia fue vejada y tratada violentamente por efectivos de la PDI. Esta acción no puede ser catalogada sino como cobarde y fruto de la impotencia y frustración ante su chapucería e incompetencia. Recordemos que los mismos miembros de la PDI que hoy ríen maltratando a las mujeres de mi familia no pudieron dar siquiera con mi vivienda en Ramón Cruz con Grecia la noche de mi detención ante mi derecho a guardar silencio, actitud que tomé por que conozco a esta gentuza desde muy joven y sé del trato que le habrían dado a mi esposa y mi pequeño hijo. Como sin tortura no son nada, guardé silencio y no pudieron saber donde yo vivía. Su ineficiencia se la cobran ahora a mi familia.
· Que hago responsable de cualquier cosa que pueda pasarle a mi familia al Fiscal Raúl Guzmán y al mando político de las policías, es decir al Señor Andrés Chadwick, quien en función a la estructura jerárquica de dichas instituciones no pudo haber sino sabido del trato violento y vejatorio que sufrieron mujeres solas a manos de los cobardes de la PDI.
· Advertir que me presentaré al juicio y que vayan poniendo sus barbas en remojo, porque pese a su ánimo de venganza y enorme presión política sobre los jueces, intentaremos dejar en evidencia sus mentiras, sus acusaciones basadas en conjeturas y especulaciones ridículas y la parcialidad de la investigación. Por mientras, los delincuentes que pueblan la Fiscalía Metropolitana Sur, las policías y el Ministerio del Interior, ebrios del Poder, pueden celebrar el vengarse contra gente que no puede defenderse, pero recuerden que después de la borrachera viene la resaca.
Desde algún lugar del país,
moralmente entero y burlando a la policía,
se despide Hans Felipe Niemeyer Salinas
25 de Marzo de 2013.