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El 11 de mayo del 2012 la corte de apelaciones decide, esta vez, acoger una recusación realizada por parte de la Fiscalía Sur y el Ministerio del Interior donde se acusaba a los jueces de ser tendenciosos y faltar a la imparcialidad.
La primera sala de la corte de apelaciones voto por mayoría (Lamberto Cisterna y el abogado integrante Ángel Cruchaga por un lado y el voto en contra de Javier Moya) acogiendo así la recusación paralizando inmediatamente el juicio. Los jueces que hasta hace pocos días llevaban el juicio Marcela Sandoval Durán, Carlos Carrillo y Blanca Rojas del Tercer Tribunal oral en lo penal deberán emitir un informe a la brevedad sobre las acusaciones que hace la fiscalía, mientras tanto el fallo señala que deberán “abstenerse de seguir interviniendo” hasta resolver la recusación. Lo que en otras palabras significa la paralización completa y absoluta del juicio político del caso bombas, que ya se extendía por más de 107 días de audiencia, llegando a los 6 meses del proceso inquisitorio.
El juicio seguía su curso, ya habían logrado presentar sus pruebas y testigos la defensa de Francisco Solar, de Mónica Caballero y se estaba en la defensa de Omar Hermosilla cuando se paraliza el proceso.
Esta resolución surge en medio de los recesos cuando se estaba próximo a declarar el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y el ex fiscal Alejandro Peña, como parte de la prueba de esa Defensa.
Es evidente que las presiones políticas y jurídicas lograron hacer más y seguir entorpeciendo este proceso y acusación que se extiende lastimosamente por casi 2 años, justo cuando el juicio ya se aproximaba a terminar.
El escenario tras la “recusacion” aun es desconocido. Si se acepta y aprueba se inhabilitara automáticamente a los 3 jueces y se tendrá que realizar nuevamente el juicio con nuevos jueces, por otra parte si esta suspensión se extiende el juicio puede correr riesgo de que se anule por un entramado legal que impide que un juicio sea valido si esta suspendido por más de determinados días.
El lunes 14 de Mayo, se discutirá en la corte respecto a la inhabilitación de los jueces y a la suspensión del proceso.
Por su parte el fiscal Víctor Nuñez, señalo con una sonrisa irónica, que solicitaron a la Corte de Apelaciones que “se pronuncie por el adelantamiento de juico que hemos detectado en la tramitación. No se pretende que se anule el juicio” Evidentemente su única motivación es la nulidad del juicio.
Lejos del lenguaje técnico y jurídico con que buscan empantanar todo el proceso y transformarlo en un laberinto, es necesario entender un par de cosas. Durante los 6 meses que ha durado el juicio la fiscalía a tratado de incorporar hasta el absurdo la sobreseída “Asociación ilícita terrorista” tanto como concepto, vínculos, y como evidencias que probarían ese delito. Por otra parte, a diferencia de lo que muchos piensan, la fiscalía no ha dado por perdido este juicio y tratara a toda costa de ensuciar cualquier proceso en pos de sacar ganancias y futuras condenas. El orgullo de los persecutores no da tregua alguna y buscan mostrar el castigo ejemplificador con quienes han cuestionado el orden de su mundo.
Por otra parte se vuelve a repetir y evidenciar la real motivación y ejecutores de esta artimaña jurídica. Periódicos como “El Mercurio” sabían y publicaron esta resolución incluso antes que los propios abogados de la defensa, repitiéndose lo ocurrido en Agosto del 2010 cuando la prensa señalaba los nombres de los detenidos antes de producirse. La jugada puede ser para distintos motivos: Intentos para anular el juicio, para cambiar al tribunal, alargar y extender hasta el infinito la causa, evitar las declaraciones de Hinzpeter o Alejandro Peña, entorpecer la muestra de pruebas y testigos de la defensa, amedrentar a jueces que fallen en su contra, presionar al tribunal a pocos dias que se dictaria sentencia, quizás algunas por separado o quizás todas juntas.
¡FIN A LA LEY ANTITERRORISTA!
¡ABSOLUCION DE L@S PROCESAD@S!
