>
En Conferencia de Prensa, donde asistieron familiares, el padre Alfonzo Baeza y entidades de derechos humanos se pidió por la libertad de los jóvenes prisioneros del “Caso Bomba”
Esta situación se enmarca en la decisión del Fiscal Alejandro Peña de provocar un efecto en la ciudadanía haciendo aparecer a los jóvenes detenidos y las familias que sufrieron allanamientos como “terroristas”, basados y amparados en la Ley antiterrorista, actualmente vigente en el país, con origen en la dictadura, implementada y perfeccionada por los gobiernos concertacionistas.
Han pasado más de 6 meses desde estas detenciones, y aún no existe una sola prueba que demuestre que hubo colocación de artefactos explosivos por parte de los detenidos, que es la acusación principal sostenida por el Fiscal Peña.
En los allanamientos hubo extrema violencia, con ingreso a los domicilios rompiendo puertas, con policías armados, haciendo uso de cámaras de videos, vulnerando la intimidad y amenazando a las personas que allí se encontraban, sin importar la presencia de niños y niñas y de mujeres embarazadas. Hubo también amenazas que recuerdan el pasado reciente en dictadura militar, como: “quédate tranquilo, porque si no ya sabes lo que te va a pasar…”. Fueron violentados incluso los dormitorios de los niños y niñas, revisaron sus pertenencias, llevándose fotografías y juguetes de ellos y ellas, permaneciendo entre 4 a siete agentes por horas en los domicilios. Es importante mencionar que las casas de los familiares más directos, también fueron parte del procedimiento de ese día. Siendo distintos enseres incautados, como computadores, maquinas fotográficas, impresoras, scanners, bicicletas y ropa, sin que hasta el momento hayan sido devueltos. Mientras que las puertas derribadas y los daños a los inmuebles no fueron reparadas por quienes los ocasionaron.
Desde ese mismo día 14 de agosto, familiares, amigos y amigas de las personas que sufrieron allanamientos han sido víctimas de seguimientos policiales, intervenciones de sus teléfonos y de sus correos electrónicos, e incluso sus teléfonos celulares son cargados misteriosamente para que continúen estableciendo contacto con su mundo relacional.
A menudo a través de la prensa oficialista salen artículos donde se dice que serán detenidas más personas, y las redes más cercanas se empiezan a preguntar “¿Seré yo, esta vez, a quién le tocará vivir la prisión?” No se sabe de donde provienen esos rumores, pero si conocemos, ciertamente, lo que hay detrás de ellos: tratar de paralizar, inmovilizar y aislar a estos grupos de personas.
El gobierno se ha hecho un lado, dejando con total impunidad el actuar de las policías y de los fiscales, que en el caso del Fiscal Peña, lo han elevado a un rango de poder omnímodo, decidiendo la libertad o la prisión de personas que solo por el hecho de haberse manifestado en causas sociales de carácter estudiantil, mapuche, de viviendas, han sido castigadas con el poder del sistema.
Lo peor es que no importa si la persona es culpable o no, pues el mensaje es mostrar a la sociedad eficiencia y eficacia en el combate a lo que consideran actos terroristas. Ese discurso lo conocemos bien.
Es por ello que familiares de los detenidos el pasado 14 de agosto, junto a las personas que fueron allanadas ese mismo día y a organismos de derechos humanos, hacen un llamado al Poder Judicial para que estos hechos sean investigados, dado que constituyen uso abusivo de la fuerza, de manera reiterada, aplicada contra un grupo específico de la población, y a que el juicio que en su momento se realice contra estos jóvenes sea con respeto irrestricto a las garantías del debido proceso. Siendo inadmisible que, en un estado de derecho, exista sobre ellos este nivel de hostigamiento, persecución, amedrentamiento y discriminación.
Santiago, lunes 14 de marzo de 2011.-
Adhieren:
Organizaciones:
Colectiva Babel, Ñuñoa
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS
Comisión Ética Contra La Tortura, CECT
Corporación de Defensa del Pueblo, CODEPU
Grupo Psicología por Ñuñoa
Familiares del 14
Observatorio Ciudadano
Personas:
Paulina Acevedo Menanteau. Periodista, comunicadora en Derechos Humanos
Claudia Paz Bravo. Socióloga
Rosa Bravo.
Francisco Carreras Vicuña. Sociólogo
Roxana Castillo Castillo. Asistente Social
Cecilia Domínguez Garretón. Psicóloga, Magister en Filosofía.
Constanza Domínguez Garretón.
Mía Zorka Dragnic García. Socióloga
Claudia Drago Camus. Profesora
Sebastián Drago Camus. Sociólogo
Claudio Escobar Cáceres. Ingeniero Civil y Profesor Estado en Matemáticas.
Olga Espinoza Aros. Profesora
Bárbara Faúndes Sobarzo. Profesora Educación General Básica
Paulina Fernández Moreno. Psicóloga
Andrés Figueroa Cornejo. Periodista
Verónica Garín Garín. Periodista
Beatriz González Fulle. Profesora de Filosofía
Adriana Goñi Godoy. Licenciada en Antropología UCH
Milan Grusic Ibáñez. Opinante y ciudadano
Jorge Morales Farías. Crítico de cine
Gastón Muñoz Briones, carnet 5.117.483-6
Solange Ordax Wiener. Diseñadora
Arnoldo Pérez Guerra. Historiador y periodista
Richard Pincheira Aedo. Consultor Agrícola
Osvaldo Rodríguez Zúñiga, Realizador
Irene Rojas Morales. Profesora, Ex miembro del movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo.
Paz Rojas. Doctora, CODEPU
Carolina Sandoval Gómez. Traductora
Teresa Silva Aranguiz. Secretaria Ejecutiva, Ex miembro del Movimiento Contra La Tortura Sebastián Acevedo
Beatriz Silva Pinochet. Socióloga
Alejandro Solar Domínguez
Constanza Solar Domínguez
José Solar Domínguez
Francisco Solar Rosende
Carmen Soria González-Vera. Fotógrafa y locutora
Viviana Uribe. Presidenta de CODEPU
Marcelo Urra. Psicólogo
José Venturelli. Pediatra, Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética contra la Tortura, CECT-SE
Rodrigo Yaconi V.
C Veloso
Extranjero:
Raquel Padilla Ramos. Centro INAH, México
Joelle Tomasini. Profesora, Córcega, Italia
Pavel Pavelic Jofre. Fotógrafo y miembro del Sindicato ARI, Bélgica.
COMABE-Solidarixs, Bélgica
