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La Corte de Apelaciones de Concepción autorizó a Gendarmería la alimentación por la fuerza de 8 de un total de 32 presos mapuches que mantienen una huelga de hambre desde hace más de 40 días.
La medida fue autorizada a solicitud de Jorge Mera, director de Gendarmería de la Región del Biobío, e incluye a 5 reclusos de la cárcel El Manzano, de Concepción, y a otros 3 recluidos en la cárcel de Lebu.
Sin embargo, el abogado defensor de estos 8 mapuches, Adolfo Montiel, descartó que el fallo autorizara a Gendarmería a utilizar la fuerza.
“No es muy claro en el fallo que se use la fuerza, lo que en realidad ha dicho la corte es que la huelga de hambre potencialmente atenta contra la vida de los comuneros y se autoriza a Gendarmería para mantener todas las medidas necesarias, pero no se habla concretamente de la fuerza para poder obligarlos a alimentarse contra su voluntad”.
Agregó que en Chile “no existe el delito de suicidio frustrado, es decir en el evento de que pudiera haber alguna posibilidad de muerte de los protegidos, no hay sanción para ellos, está dentro del derecho de decidir respecto de su integridad física que toda persona tiene”.
Es por eso que el profesional confirmó que “vamos a evaluar la posibilidad de apelar a la Corte Suprema o, por el momento, no hacer nada y si en su momento hubiera uso de la fuerza podríamos recurrir de amparo ante un tribunal”.
El pasado 12 de julio, los mapuches, que se consideran presos políticos y que están procesados o condenados por delitos relacionados con el conflicto que algunas comunidades mantienen por reclamaciones de tierras, iniciaron una huelga de hambre contra la aplicación de la ley antiterrorista en sus casos.
También piden la “desmilitarización” de las comunidades en conflicto y la libertad de todos los presos indígenas, incluidos los que están en huelga de hambre.
La Fiscalía ha justificado ese tratamiento, que supone penas más duras, sobre la base de la presencia en La Araucanía de una asociación ilícita terrorista.
Montiel aseveró que sus defendidos “no van a permitir, por ejemplo, la introducción vía venosa u otra forma de suero, u otra alimentación”.
“El estado de mis clientes aún es bueno. De no haber alguna solución procesal a la medida de presión que ellos están tratando de imponer, esto se puede agravar en 60 días, que es más o menos el precedente que existe con la señora Chepa (la activista mapuche Patricia Troncoso) que en ese periodo se le obligó a ella y se le introdujo suero vía intravenosa”, manifestó.
Los demás presos en ayuno permanecen en las cárceles de las ciudades de Temuco, Angol y Valdivia.
Ayer lunes, una veintena de dirigentes mapuches ocuparon pacíficamente las dependencias de la radio Bío-Bío, en Santiago, para pedir el fin del “silenciamiento” y el “ocultamiento” de la huelga de hambre que mantienen los presos.
A su juicio, el Estado chileno ha impuesto un “cerco de comunicación”, en conjunto con los medios de prensa del país, para mantener a la opinión pública desinformada respecto del conflicto.
“Lo que estamos pidiendo y exigiendo es la libertad de informar. Que paren de hacer creer a la gente que nuestro pueblo es terrorista, que muestren la realidad como es, que se rompa el cerco comunicacional que han hecho con nosotros”.
