>Comunicado inicio de Huelga da hambre de lxs compañerxs acusadxs en el "caso bombas"

El 14 de Agosto de 2010 el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Metropolitana Sur emana una serie de órdenes de detención y allanamientos, aplicando todo el terror Policial a casas particulares y centros culturales, que arroja la detención de 14 personas en esta razia represiva y comunicacional, conocida mediáticamente como “caso bombas”. Todos acusados de pertenecer a una supuesta asociación ilícita terrorista creada en la irracional mente de algunos “profesionales del derecho” y que hoy nos mantienen tras las rejas.

Aproximadamente hace cinco años se inicia la investigación del mediático “caso bombas”. Así durante el gobierno de Bachelet, el estado destinó tres fiscales con dedicación exclusiva con el objeto de esclarecer la autoría de cada uno de los bombazos colocados a estructuras financieras, policiales, de servicio público u otras. En este tiempo se recopilaron más de 43 tomos con datos aportados por fuentes policiales, peritos criminalísticos, testigos protegidos, declaraciones, vigilancia a hogares, seguimientos a sospechosos y su entorno familiar, intervenciones telefónicas y allanamientos a hogares y bibliotecas populares (todos ellos los mismos lugares en que irrumpió la policía la madrugada del 14 de Agosto de 2010).

Con todo este material ningún fiscal ni juez tomó la decisión de encarcelar a nadie. La evidencia aportada no es suficiente, es difusa y no permite identificar a los responsables de la colocación de bombas. Incluso el fiscal Xavier Armendáriz declara ante las ansias de resultados por parte del Ministerio del Interior de la época que “…es necesario actuar con cautela investigativa ante lo débil de las pruebas…” más aún cuando los “…autores de los bombazos no integran células violentistas propiamente tal, sino que se trata de grupúsculos sin orgánica, ni cabecillas…” (Emol 27 noviembre 2009).

Toda esta manera de actuar en derecho cambia el 14 de Junio de 2010 al ser removido de su cargo Armendáriz, producto de presiones de Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter hacia el fiscal Nacional Sabas Chahuán. Así entra en escena el fiscal Alejandro Peña, descrito por el diario La Tercera como “…una paradoja ambulante, la que resulta de la fusión en un solo ser de la burocracia judicial y policial con la fantasía de un prestidigitador”. Con esta presentación el montaje comienza.

El fiscal desarrolla una nueva estrategia sin reparar en los costos humanos que este accionar conlleve. Si antes los fiscales que le precedieron no pudieron reconocer, ni identificar orgánicas definidas, el fiscal se preocupó de inventarlas y buscar por todos los medios hacer que las piezas calzaran en su nueva “línea investigativa”. Estructurar la famosa asociación ilícita con cabecillas los cuales no se hablaban en años; ejecutores que ni se conocían y lo más gracioso financistas europeos!!, como si 950 euros enviados en una ocasión a uno de los imputados fuera una gran remesa para acciones subversivas (casas de seguridad, autos, armas, documentación falsa, etc. ). Cuanta imaginación de este personaje, incluso inventaron nexos entre uno de los supuestos cabecillas con el paquistaní detenido en la Embajada de Estados Unidos por supuestas trazas de TNT y posteriormente puesto en libertad a pocas semanas.

Finalmente la fantasía ayuda a la planificación de esta “novedosa estrategia”, sobre todo con la campaña mediática, informativa y comunicacional desplegada por los medios oficiales de la información que comienzan a entregar datos de los supuestos sospechosos de colocación de artefactos explosivos, lugares que frecuentan, perfiles de supuestos líderes, etc. Los dardos apuntan a personas vinculadas a espacios sociales, canales y radios comunitarias, estudiantes que adscriben a ideas libertarias, ex presos políticos y todos reconocidos críticos del modelo neoliberal y solidarios con la lucha de los pueblos, en especial con la llevada a cabo por el mapuche en su anhelo por mantener su identidad, cosmovisión y territorio. No se persiguen actos si no ideas, relaciones de amistad, bibliotecas autónomas, casas okupas y espacios de cultura, arte y de encuentro comunitario.

Una vez diseñado el escenario teatral, sus protagonistas y correspondientes características físicas y psicológicas, con la opinión pública perfectamente moldeada, el golpe represivo se desata; para entonces habían transcurridos 2 meses desde que asume como director del montaje jurídico policial Alejandro Peña. Con las mismas carpetas, los mismos diálogos, lugares, actores y un remozado guión incriminatorio el espectacular operativo copa los canales televisivos la mañana del 14 de Agosto de 2010.

Luego de nuestra detención la fiscalía solicitó tres días para formalizarnos de los hechos acusatorios, situación que en la práctica debiera realizarse el mismo día de nuestro arresto. Posteriormente solicita un plazo de 180 días (6 meses) de prisión preventiva hasta el cierre de la investigación, plazo que finalizó el 14 de Febrero de 2011, día en que se nos notifica que la fiscalía nos someterá a una nueva formalización el 16 de Marzo de 2011, todo esto enrarece aún más este juicio. Nada nos dice que Alejandro Peña solicite 6 meses más como plazo para armar su puzle policial.

En estos largos meses no sólo hemos permanecido 22 horas diarias en celdas individuales de 2 x 3 metros, visitas 1 vez a la semana con nuestros familiares durante tres horas en reducidos espacios sin luz natural, sino que también hemos vivido en carne propia la tortura de los funcionarios del estado. Como muestra de lo ocurrido, el 8 de octubre de 2010 profesionales del Servicio Médico Legal más agentes de LABOCAR, DIPOLCAR y gendarmes extrajeron violentamente muestras de ADN a cada uno de los imputados, para ser contrastadas con las muestras recogidas en los lugares de los bombazos. Esta “prueba científica” no arrojó ninguna relación entre nosotros y lo hallado en los lugares de los sucesos.

Por otro lado, somos testigos de cómo las evidencias almacenadas en las carpetas investigativas sólo se afirman en conjeturas policiales basadas en amistades, lazos familiares o concurrencia a marchas públicas, actividades político culturales y tocatas; y aún así en este continuo supuesto, cabe señalar que entre todos los imputados no nos conocíamos hasta el día de nuestra detención, por lo que es imposible que conformemos alguna supuesta “asociación terrorista”, menos aún una organización.

Cabe señalar que en ninguno de los allanamientos realizados se encontró ningún tipo de evidencias ni material para la fabricación de artefactos explosivos, tampoco existen pruebas dactilares o filmográficas que inculpen a ninguno de los imputados.

Ante los vicios y aberraciones judiciales, carpetas secretas, intervenciones telefónicas a nuestros abogados, la continua utilización de testigos protegidos con antecedentes psiquiátricos como Rodrigo Vera Morales y Gustavo Fuentes Aliaga y por todo lo anteriormente expuesto hemos decidido comenzar una huelga de hambre de carácter líquida desde las 00:00 horas del 21 de Febrero de 2011 exigiendo: