EXTRAÍDO DE CIUDADINVISIBLE
Este 26 de julio se realizó en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso una conferencia sobre el estado actual del llamado Caso Security, ad portas de una nueva audiencia preparatoria. En ella participaron el abogado Humberto Lemarie, Karina Aliste –hermana de Juan Aliste- y Dina Saá -madre de Freddy Fuentevilla-, estos últimos acusados en el mencionado caso. Una charla en la que se expusieron, entre otras cosas, aristas ignoradas de un caso en donde el único juicio que se ha llevado a cabo completamente ha sido el de los medios de comunicación.
¿Cómo se origina este caso? El 18 de octubre de 2007 es asaltado el banco Security de calle Agustinas 615 en Santiago, hecho en el que termina muerto el cabo de carabineros, Luis Moyano, tras intentar repeler el atraco. Como responsables del robo son acusados Juan Manuel Aliste Vega, Carlos Gutiérrez Quiduleo, Marcelo Villarroel Sepúlveda y Freddy Fuentevilla Saa, estos dos últimos sindicados también como los que dispararon contra el uniformado.
Los tres primeros son ex militantes del Mapu Lautaro, mientras que Fuentevilla es ex integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Todos ellos, menos Gutiérrez, quien permanece en la clandestinidad, están hoy recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), luego de que en diciembre de 2009 fueran entregados por la justicia argentina a la chilena, tras haber sido condenados en el país trasandino a tres años y medio por porte de armamento de guerra.
“Se cumple así con uno de los intereses del Estado chileno: mantener prisioneros a los disidentes del sistema, a los luchadores sociales, a quienes tengan un carácter subversivo”, dijo el abogado Lemarie, aludiendo al tiempo que ha durado la medida cautelar de prisión preventiva. Y es que si bien esta no tiene plazo fijo, puede prolongarse mientras dure la investigación, lo que en este caso -producto de irregularidades y maniobras estratégicas, de acuerdo a lo expuesto en la charla- se ha prolongado ya por 4 años.
Tanto Freddy como Juan y Marcelo han negado desde un principio su participación en el asalto al Banco Security, al tiempo que han rechazado las ofertas de la Fiscalía para realizar juicios abreviados o declararse culpables en busca de rebajas. Es por ello que este 1 de agosto deberán enfrentar una nueva audiencia preparatoria de juicio oral –en el que arriesgan penas de entre 15 y 18 años de cárcel- y con ello a las cuestionadas pruebas que supuestamente los involucran.
El juicio mediático
“Nuestros familiares aparecieron en los medios como los grandes criminales de la época”, dice Karina Aliste. De seguro, salvo los retratos de los inculpados y la noticia de su extradición desde Argentina, los chilenos no han visto una profundización de este caso por parte de la prensa tradicional. De hecho, se intentó a nivel mediático vincular el Caso Security con el llamado Caso Bombas y el de Hans Niemeyer, apareciendo un sinnúmero de pruebas que fueron rápidamente descartadas.
“Para nosotros el caso real nunca ha estado en los medios; la televisión oficial no nos da cabida, pero sí da cabida a la visión institucional“, plantea el abogado Humberto Lemarie. Se refiere, por ejemplo, a un reportaje emitido por el programa
“Mucho Gusto“ de MEGA, el pasado 18 de marzo, en el que se reitera la culpabilidad de los tres detenidos sin mayor rigor en la investigación y cuando aún la justicia no lo ha determinado así. Lo mismo ocurre con las entrevistas reiteradas en la TV a los familiares del cabo Moyano -principalmente a su viuda-, quienes obviamente no tienen la calidad de testigos y solo aportan elementos emocionales previo a cada audiencia preparatoria.
Las supuestas pruebas
Una de las principales pruebas en contra de los acusados es la “confesión” de uno de los detenidos luego del atraco, Víctor Jerez –el Danny De Vito-, la que sin embargo es fuertemente cuestionada por la defensa. Ocurre que esta declaración –donde se involucró a los nombres y rostros de Carlos, Freddy, Marcelo y Juan- fue realizada en el Departamento de Investigaciones del OS-9 y sin presencia de abogados, lo que se entiende como una “delación compensada”. A diferencia de los inculpados, Jerez no tiene ninguna vinculación política y es un delincuente común, quien tuvo como abogado defensor a un ex carabinero y recibió rebajas por sus condenas anteriores. Los testigos de los hechos ocurridos ese día no reconocieron a ninguno de los inculpados, pero sí a otras personas que se tomó detenidas, las que no obstante fueron puestas en libertad.
“Yo creo que este tipo quiere venganza contra los chicos: vienen condenando a mi hermano desde los 17 años a cadena perpetua”, asegura Karina Aliste, respecto a Roberto Reveco, Fiscal de la Justicia Militar que tomó la causa y quien en los `90 ya había condenado a Aliste por otra causa.
Otro elemento desconocido y que denuncian desde la defensa es una suerte de cláusula de amarre que afecta la causa. Ocurre que la investigación fue realizada por la Fiscalía Militar, con pruebas y análisis de LABOCAR O DIPOLCAR. Al traspasarse el caso al Ministerio Público, este debió someterse a un artículo transitorio emitido por el gobierno actual y propuesto por el senador Alberto Espina (RN): la imposibilidad de excluir las pruebas provenientes de Fiscalía Militar. Esto significa la validación de cualquier confesión conseguida por mecanismos de amedrentamiento o tortura y la alteración de documentos. Como ejemplos de irregularidades se mencionan peritajes que presentan firmas disconformes; exámenes científicos, como huellas capilares y huellas dactilares, que no corresponden a ninguno de los acusados; o las declaraciones del otro carabinero presente, el cabo Abarca, que han sido distintas en las 8 ocasiones en que ha presentado testimonio.
Videos pixelados
Por otra parte, los videos probatorios -que también fueron proporcionados por la misma institución de Carabineros- fueron filmados con cámaras del año 2006, cuya tecnología, al no ser de alta resolución, muestra imágenes pixeladas, siluetas en las que no aparecen rasgos definidos como para poder establecer una identidad. En su momento estos registros fueron difundidos por el portal terra.cl, pero han sido retirados de la web.
A partir de ellos, una antropóloga ha hecho una medición muy genérica que señala el “parecido a…” de los acusados. Sin embargo, al fenotipo trazado responde el 70% de la población chilena, por tanto no constituirían un argumento fehaciente, según la defensa. Por su parte, los familiares contrataron los servicios particulares de un antropólogo físico, con gran experticia, dispuesto a prestar su declaración para contrarrestar las investigaciones emanadas desde los servicios castrenses.
Estos son algunos de los elementos que han generado, por consiguiente, que en las audiencias anteriores muchas de las pruebas que presentó la Fiscalía Militar hayan sido desechadas.
Madre de Fuentevilla: “Desde ayer estoy recibiendo llamadas a mi celular”
“Justo en el momento en que se prepara el juicio, desde ayer estoy recibiendo llamadas a mi celular. Dicen un par de cosas y cortan”, cuenta la señora Dina Saá, madre de Freddy Fuentevilla, quien denuncia persecución política en contra de ella y su familia. Saá recuerda también que en 2007 fueron allanados. “Echaron abajo la puerta y entraron de golpe 15 personas. Fue muy chocante para mis dos nietos. Se llevaron cosas que nunca devolvieron y se negaron a dejarnos una constancia”, relata. Un hecho más grave ocurrió en 2010, cuando su esposo fue secuestrado en una camioneta,
lo que se repitió el año pasado, por lo que realizaron una denuncia. “Pero no sacamos nada con ello. No podemos esperar nada de ellos”, asegura.
“Yo creo que este tipo quiere venganza contra los chicos: vienen condenando a mi hermano desde los 17 años a cadena perpetua”, asegura Karina Aliste, respecto a Roberto Reveco, Fiscal de la Justicia Militar que tomó la causa y quien en los `90 ya había condenado a Aliste por otra causa.
