“Si hay que violar el derecho que sea para reinar. ¡En lo demás observa la moral!”
Eurípides
Ante la serie de tergiversaciones e interpretaciones sesgadas y tendenciosas a raíz de la revocación de la medida cautelar del arresto domiciliario por parte de la Corte de Apelaciones y mi posterior huida para evitar el arresto por parte de la policía, me veo en la obligación de de levantar la voz y aclarar cuestiones fundamentales relacionadas con mi caso, las irregularidades, mentiras y presiones políticas existentes.
En primer lugar debo aclarar que mi huida jamás tuvo por objetivo una fuga para evitar el juicio. SE trató de un acto de protesta ante el hecho principal que es la ilegalidad de la prisión preventiva en las actuales circunstancias en que mi juicio se encuentra suspendido por un requerimiento presentado por el Ministerio del interior ante el Tribunal Constitucional. De esta forma, a 3 meses de terminada la preparación de juicio oral, me encuentro en una situación jurídica anómala al dictárseme prisión preventiva y no encontrarme ni en etapa de investigación, ni en preparación de juicio oral, ni en juicio oral, sino en una especie de limbo jurídico, acusado por una ley antiterrorista de una dictadura (hecho que en cualquier país civilizado sería un escándalo, pero aquí es algo normal), con el caso intervenido políticamente por el Ministerio del Interior y la utilización política de mi caso como “caballo de batalla” en la furibunda campaña contra los llamados “jueces garantistas” en la que confluyen el gobierno, el duopolio de la prensa escrita y los sectores conservadores del país, todo en aras del populismo punitivo que quiere convertir la llamada “reforma a la reforma” en su primer hito y conquista política. Ejemplo de esto último es que han entrado a cacarear los diputados fascistas María Angélica Cristi y Cristián Letelier, representantes de la ultraderecha y férreos defensores del terrorismo de estado y los crímenes de lesa humanidad en este país. Esa es la clase de gente que pretende erigirse en juez y parte, colaborando con la horca en la que se me pretende ejecutar en la plaza pública, sin derecho a defensa.
La situación ilegal de mi prisión preventiva, la presión política y las múltiples irregularidades, contradicciones y mentiras en mi caso han sido denunciadas en varias ocasiones en las audiencias en el tribunal por mis abogados Rodrigo Román y Julio Cortés, sin embargo han sido silenciadas sistemáticamente por parte importante de la prensa. Al contrario, el foco ha sido puesto en aspectos anecdóticos e incluso interpretaciones mañosas y malintencionadas, como la exposición del Juez Gallardo presentándolo como protagonista relevante de “los jueces garantistas”, llamándole “el juez que lo liberó dos veces”, en circunstancias que sólo ha sido alguien serio que sólo ha hecho su trabajo y ha llamado la atención sobre las especulaciones policiales, aspecto que no parece llamar la atención de la prensa, seguramente preocupada de cosas más importantes. O poniendo como el hecho central si carabineros fue o no al control domiciliario. Lamentablemente la Corte de Apelaciones se hizo parte de estas frivolidades y aspectos de segundo orden, señalando además que “no existe” ningún antecedente nuevo que cambie la necesidad de la prisión preventiva. ¿No es acaso un nuevo antecedente el fallo que rechazó anular el fallo en el Caso Pitronello por la misma Corte de Apelaciones? ¿No es acaso un antecedente nuevo que mi juicio está suspendido por 3 meses y que se pretende esté suspendido al menos por dos meses más ya que el TC tendrá redactada su sentencia –con suerte- en Marzo? Esto último lo supe al ir con mis abogados personalmente al TC donde fui autorizado por el 13° Juzgado de Garantía a salir durante 4 horas luego de las cuales volví, ya que cumplí estrictamente el arresto domiciliario todos los días hasta el viernes 7 de Diciembre.
Pero lo más irritante de la resolución de la Corte de Apelaciones es que “les parece grave que Carabineros no haya realizado el control”. ¿Así que eso es lo que le parece grave? ¿No parece grave que los funcionarios de la PDI mientan en su declaración; que no patrullaban en la dirección que indican, que no me vieron salir del epicentro de la explosión; que es imposible que la explosión les moviera la camioneta pues llegaron mucho después que ésta ocurrió; que es mentira que yo era el único transeúnte pues había más gente, incluso un ciclista; que jamás boté ningún polerón y que dicha prenda no tiene mi ADN?. En definitiva que mienten al decir que fueron testigos presenciales porque no lo fueron y que todo esto que señalo está grabado en una cámara de un Banco cercano al BCI y aparece en un informe de la DIPOLCAR al que tuvo acceso El Mercurio publicando un artículo, pero sin entrar en lo medular, que la PDI no fue testigo presencial de los hechos como dice su declaración. ¿No parecen lo suficientemente grave estos hecho Señores Ministros?. Para qué mencionar las “filtraciones a la prensa de parte de la fiscalía, el prejuzgamiento y la condena mediática, el que El Mercurio haya tenido acceso a la carpeta investigativa cuando estaba en calidad de investigación secreta y se le negaba el acceso a mi defensa, pero no a cierta parte de la prensa ¿No es eso grave?¿No vulnera la presunción de inocencia? ¿No atenta contra el debido proceso la condena mediática previa? ¿No fue grave cuando El Mercurio se hace parte de la mentira de la DIPOLCAR en un reportaje de media página vinculándome a Luciano Pitronello, hecho absolutamente falso?
Pero hay más ¿No es grave y no constituye un atropello los peritajes del LABOCAR hechos a la medida de las necesidades de los querellantes, con especulaciones, visiones sesgadas, sin ningún fundamento científico serio, con conclusiones que van contra la lógica más elemental? ¿No es grave que el Ministerio del Interior me acuse de colocar una bomba en la Automotora One, a una hora en la que me encontraba en una reunión de equipo en Lo Espejo? Hecho que aparece en la carpeta investigativa, y que no ofrezca ninguna prueba concreta, salvo una conjetura ridícula, una especulación hecha para dejarme preso. ¿No es grave la intervención política, el afán dilatorio con que se acude al Tribunal Constitucional?, todo para poder utilizar mi caso y sacar el rédito político necesario en un año electoral. Pero todas estas preguntas a nadie parecen interesarles, no hay voz disidente la opinión publica parece abandonada a ser caja de resonancia de las versiones de la fiscalía metropolitana sur, pese a sus antecedentes mafiosos y a sus técnicas sucias propias del equipo de Alejandro Peña, muchos de los cuales están en pleno ejercicio y que fueron parte del ridículo delirio llamado Caso Bombas. Solo por mencionar un hecho, el fiscal Barros, la noche de mi detención trató de vincular a mi esposa en el atentado al BCI, por el solo hecho de haber estudiado en la Universidad Academia De Humanismo Cristiano a esta altura como ya no sorprende nada, no es raro que los Señores de la Corte de Apelaciones estos hechos no le parezcan graves.
El tono y el contenido de la Corte de Apelaciones, y la situación de intervención política y de dilación para que mi juicio coincida con un año electoral son la gota que rebalsó el vaso. Ante este hecho me rebelo y decido evitar la detención. Volveré solo cuando el juicio vuelva a su cause normal y la prisión preventiva deje de ser ilegal, y por tanto una herramienta de la razón de Estado para castigar a quienes no agachan la cabeza.
Escribe para ustedes desde algún frío lugar de la Acrópolis
Hans Felipe Niemeyer Salinas
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3/enero/2013
