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Por considerar que existió una actuación ilegal de la policía, el juez del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Luis Avilés, retiró ayer como prueba, para el juicio oral contra los 14 anarquistas acusados de asociación ilícita terrorista, todas las evidencias incautadas desde el departamento que habitaba Candelaria Cortés-Monroy (28), ubicado en avenida Eliodoro Yáñez, comuna de Providencia.
Debido a la gravedad de las heridas, la joven fue internada en un recinto asistencial, por lo que su hermano, Camilo Cortés-Monroy, autorizó a que Carabineros registrara su departamento. Desde ese lugar, los policías incautaron textos, panfletos, discos compactos, pendrives y un polerón, en el que, según las pericias químicas, había restos de explosivos.
Durante la audiencia, el abogado de la anarquista, Miguel Soto, aseguró al tribunal que esta «autorización (para registrar el domicilio) sólo pudo haber sido dada para investigar el homicidio frustrado del que fue víctima Candelaria», y no sus nexos con los bombazos.
Apelación
Pese a que la Fiscalía Sur alegó que las evidencias fueron recogidas con el consentimiento de la familia de la joven, Avilés estimó que el hermano de Candelaria y su abogado, Francisco Cox, autorizaron la diligencia sin «tener el conocimiento» de que existía una causa paralela contra la joven, por la supuesta colocación de artefactos explosivos.
Aun cuando el juez Avilés ha excluido cerca de 4.000 de las 6.744 evidencias presentadas, y más de 250 testigos y peritos de un total de 1.015, la Fiscalía Sur apelará ante la Corte de Apelaciones capitalina, a fin de reintegrar estas evidencias y testimonios en el juicio oral.
«En este caso, corresponde que se pronuncie la Corte de Apelaciones de Santiago y con esa resolución a firme, recién podremos analizar las consecuencias», aseguró el fiscal Víctor Núñez.
Candelaria Cortés-Monroy fue vinculada con el caso luego de la confesión de Gustavo Fuentes Aliaga, quien reconoció haber participado en el ataque a la automotora Atal, el 27 de marzo de 2007, y acusó a la joven de haber prestado ayuda como vigilante. La confesión de Fuentes Aliaga, junto a escuchas telefónicas, es parte de las evidencias que la Fiscalía Sur tiene en su contra.
Durante la audiencia de hoy, el defensor penal Claudio Aspe, representante de Gustavo Fuentes Aliaga, único anarquista confeso en la causa, pediría al tribunal que retire como prueba la declaración de su defendido, la cual es considerada por el Ministerio Público como pieza «clave» en el proceso.
