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Desde los intramuros de la cárcel de mujeres de Ezeiza, en Buenos Aires, vengo a presentarme: soy Karina Dana Germano López. “La Galle” me dicen los compañeros.
Me encuentro detenida desde el 1° de febrero de 2002. Caí en Sao Paulo, Brasil, junto a 5 compañeros, acusados de un secuestro. Nos condenaron en primera instancia a 16 años. Por la apelación por parte de la fiscalía nos aumentaron la pena a 30 años de prisión. No sólo se trata de una causa llena de irregularidades técnicas legales, sino de una farsa circense típica de los poderes judiciales, para encarnizarse con luchadores populares, y ni siquiera reconocernos como presos políticos, que es lo que somos.
Aquí nací hace 46 años. Mi infancia transcurrió en los años ’70, tan especiales por estos lugares.
Mis padres, militantes populares, comenzaron a ser perseguidos en el ’74, año en el que después de detenciones y allanamientos, hasta interrogatorios sufridos por mi hermano menor (8 años) y yo misma con 10 años, en manos de los paramilitares de los principios de la triple A (Alianza Anticomunista Argentina), pasamos a la clandestinidad.
Ésta duró dos años, hasta que mi padre fue secuestrado y llevado al Centro Clandestino de Detención “E.S.M.A.”, donde luego de torturas impensables fue uno de los 30.000 desaparecidos de este país. Entonces mi madre, con su coraje de mujer, nos salva la vida exiliándonos junto a mi hermano en Suecia, en el año 1976. Luego nos mudamos a la península ibérica, donde crecí junto a vascos y catalanes.
En 1998 regresé a Buenos Aires, a denunciar y reconstruir la militancia y el secuestro de mi padre. Perteneciendo a la Agrupación H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y por la Justicia contra el Olvido y el Silencio) de red internacional, milité y escraché a cuanto milico impune me topaba.
Hoy en día, aunque se lleven a cabo juicios de Lesa Humanidad contra los dictadores y genocidas, las injusticias e impunidades de los poderosos de siempre continúan.
Vine trasladada en noviembre de 2006, por un tratado bilateral (Brasil-Argentina) sobre condenados. Sin antecedentes penales, ni causa alguna en este país, llegué con algo menos de un mes para obtener mi beneficio de salidas transitorias (semi-libertad). Este derecho, amparado por sus propias leyes, ya me correspondía en diciembre de 2006. Después de largas burocracias, en diciembre de 2007 me fue negado, gracias a la opinión del fiscal Oscar Hermelo. Con un pasado de colaboracionista con la E.S.M.A. y el mismo grupo de tareas 3.3.2. que secuestró a mi padre, falló en contra de mi derecho a las salidas. Continuando con la burocracia judicial, me enfrento en la segunda instancia a una sala de la Cámara de Casación Penal, donde su juez presidente es sospechoso de firmar y autorizar (ilegalmente) la apropiación de bebés nacidos en cautiverio, robándoles su verdadera identidad. En diciembre de 2008 volvió a negarme dicho beneficio.
Prosiguiendo los pasos hacia la Corte Suprema, donde su fiscal está de acuerdo con los argumentos de mi abogado defensor, sin existir conflicto por el cual los 7 jueces deban debatir, fallan en diciembre de 2009 tres magistrados a mi favor, fundamentando igual al fiscal y cuatro en contra de mis salidas, dándose el lujo de ni siquiera argumentar su negativa. Mis esperanzas de poder gozar de mi derecho quedaron sin expectativas judiciales a nivel nacional. Pretenden que continúe encerrada por 7 años más de mi vida, por venganza política.
Sabemos cómo las injusticias están a la orden del día en estas mafias jurídicas, que defienden los intereses de los poderosos de siempre, encarcelando luchadores sociales y a la población más desfavorecida socialmente, quienes sufren la exclusión social de la pobreza en nuestras tierras.
Aunque encerrada, me considero una mujer libre. Mis ideas y prácticas cotidianas hacen que mis fuerzas de resistencia continúen batallando con el factor tiempo.
Trabajo y estudio la carrera de Sociología en la U.B.A. (Universidad de Buenos Aires). Soy parte del C.U.E. (Centro Universitario Ezeiza) dentro de la unidad. Intento junto a mis compañeras que nuestros derechos se cumplan, tan atropellados a diario, por un servicio penitenciario militarizado.
Los interrogantes son muchos, la incertidumbre abruma, la impotencia agobia, pero nuestra resistencia continúa…
Tuve la oportunidad de interiorizarme con el régimen penitenciario paulistano en Brasil, durante casi cinco años, y ahora llevo más de cuatro años en la Unidad 3 de Ezeiza. En ambas circunstancias sentí a flor de piel los padecimientos de muchas mujeres privadas de su libertad, que me continúan rodeando en la convivencia cotidiana.
Mi preocupación fundamental es cómo tantas y tantas mujeres se encuentran en situaciones de encierro, olvidadas, para luego ser discriminadas salvajemente por nuestras sociedades latinoamericanas. Aún en los casos en los que después de sufrir inútilmente con el castigo del encierro (y todo lo que éste conlleva) durante los demorados procesos quedan absueltas de culpa y cargo, llevando para toda la vida la marca espiritual e institucional de haber pasado por esta terrible experiencia.
La libertad, ese sagrado derecho al que cada día que pasa se lo respeta menos, no es valorizado por nuestros sistemas judiciales, como si de personas se tratara. Pasamos a convertirnos en un número de causa, que insensiblemente pasa a ser una molestia para todos.
Es sorprendente cómo las personas llegan a cegarse ante esta realidad tan cruel que sufre una parte importante de la sociedad.
Al ser presa política, me he encontrado con decenas de posturas por parte de personas llamadas de “izquierdas”, que no se hacen cargo de nuestros presos sociales, como si éstos fuesen un mal inevitable del sistema al que critican e intentan combatir.
Considero que las diferencias entre un preso político y un preso social terminan en el mismo momento en que caemos juntos en el encierro.
Claro que no me refiero a ciertos delitos de personas “enfermas”, como violadores o torturadores, sino al alto porcentaje de población carcelaria encerrada por no respetar la propiedad privada o los códigos de tantas leyes que continúan protegiendo a los grandes “delincuentes”, que manejan nuestro sistema económico.
Todos sabemos que los grandes traficantes del narco o de las armas, así como los corruptos que someten a miserias humanas a miles de personas, no pisan estos lugares llamados prisiones.
¿Quién no tiene claro que ser pobre es el mayor delito imputado?
Pues, ante “esto” que todo el mundo sabe, sigue siendo más cómodo mirar hacia otro lado, ignorando o calificándolo como nuestra sociedad acostumbra: “por algo será ”…
Es muy triste que a nuestra gente, con las históricas luchas a cuestas, de tantos derramamientos de sangre y de vidas, no le interese tomar conciencia de que cada una de estas mujeres encerradas son víctimas de una dictadura económica y hasta judicial, a veces, y se enfrentan a penurias desmedidas en las llamadas “democracias”.
No sólo es tristeza lo que causa, sino impotencia ante la indiferencia de la sociedad, que abandona a su suerte a parte de nuestro pueblo, que dignamente se rebela ante tanta injusticia, avasallamiento, discriminación, exclusión, y demás pesares a que es sometido.
¿Cómo no legitimar esa rebeldía innata, ante circunstancias inhumanas a las que somos destinados por pertenecer a los sectores desfavorecidos económicamente?
¿Cómo no reivindicar a nuestros presos sociales como parte de nosotros mismos?
Desde intramuros, quienes nos consideramos presos políticos, tenemos la obligación ética de luchar codo a codo con nuestros compañeros y compañeras presas sociales para mejorar las condiciones, para sentirnos personas vivas que, pese a tanta injusticia, seguiremos resistiendo sin olvidarnos del concepto más básico: LA SOLIDARIDAD.
Nota aclaratoria:
El 1 de febrero de 2002, un grupo de revolucionarios latinoamericanos fue detenido en la localidad de Sierra Negra, Sâo Paulo, Brasil, acusados de participar en el secuestro del multimillonario brasileño Washington Olivetto. Estos revolucionarios son militantes de dos organizaciones políticas chilenas.
Se trata de Mauricio Hernández Norambuena, militante del FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodríguez), de Alfredo Canales Moreno y Marco Rodríguez Ortega, militantes del MIR-EGP (Movimiento de Izquierda Revolucionaria-Ejercito Guerrillero de los Pobres), de los compañeros colombianos Marta Urrego Mejía y William Gaona Becerra, y de la compañera argentino-española Karina Germano López.
Esta operación de secuestro de un multimillonario se inscribía en el contexto de acciones internacionalistas destinadas a profundizar la lucha revolucionaria en el continente, era de naturaleza política y tenía un objetivo político. Después de su detención fueron salvajemente torturados. En primera instancia, fueron condenados a 16 años de prisión, reconociendo el tribunal el carácter político de los hechos. Pero en noviembre de 2003, bajo la presión de la derecha, el Tribunal Superior de Sâo Paulo negó el carácter político de la acción y aumento las penas a 30 años de prisión y un régimen excepcionalmente severo.
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