>Carta de abogado de 14-A a la prensa burguesa

Señor director:

En entrevista con Reportajes de La Tercera del domingo último, el Presidente Sebastián Piñera se refirió al proceso judicial pendiente denominado «caso bombas», haciendo una serie de afirmaciones erróneas. Sostiene que, una vez detenidos los imputados, los atentados habrían disminuido sustantivamente, lo que es manifiestamente falso.

Mientras estas personas estuvieron presas en la Cárcel de Máxima Seguridad, el número de artefactos fue de, al menos, 18, cifra equivalente al promedio de los años anteriores, hecho que es constatable con una simple revisión de prensa. Si lo anterior no fuese poco, tanto la fiscalía como el Ministerio del Interior han señalado que el total de artefactos alcanza los 112, no obstante que en esta causa se acusa sólo por 29 atentados. Lo que no pueden explicar ni el Presidente ni el ministro del Interior ni su actual funcionario, el ex fiscal Alejandro Peña, es qué pasa con las más de 80 bombas restantes.

Asimismo, el Presidente afirma que el fiscal Xavier Armendáriz fue quien invocó la ley de conductas terroristas en esta causa, pero lo que omite decir es que él no levantó cargos en contra de nadie en dicha investigación. La imputación de una supuesta asociación ilícita terrorista nace después de que es puesto a cargo de la causa el ex fiscal Peña, a instancias del ministro Rodrigo Hinzpeter, mediante una presión ilegítima a un organismo independiente, como lo debe ser el Ministerio Público.

Más allá de que el «caso bombas» deberá ser resuelto en un juicio oral y en contexto de un debido proceso, al cual hemos instado permanentemente, esta causa ya nos ha demostrado algo: mezclar intereses políticos con persecución penal afecta gravemente el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y lesiona la seguridad ciudadana, la que no puede ser entendida sólo como un insumo para la carrera presidencial de un ministro, sino como la protección efectiva de las personas, tanto frente a la delincuencia real como ante los abusos de la autoridad de turno.